Las webs institucionales de Baleares incumplen la ley al utilizar sólo el catalán

* La legislación obliga a tener el contenido en las dos lenguas

* Las páginas del Govern, Consell de Menorca y de 51 ayuntamientos son ilegales



Si las instituciones baleares quieren cumplir la ley deberán ponerse a traducir y ofrecer todos sus contenidos de internet en los dos idiomas oficiales. Actualmente, sólo una de cada cuatro páginas web oficiales se puede consultar en ambas lenguas. La mayoría ofrece la opción de castellano pero al pulsar sólo cambia el menú y alguna información general. El grueso del contenido, las noticias, las convocatorias, bases de concursos, etc. están sólo en catalán.

La ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos es muy clara: "Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes". Otros artículos de esta ley han obligado, por ejemplo, a traducir las páginas de todos los ministerios a las cuatro lenguas oficiales de España.

En Baleares, la propia web del Govern no cumple la ley. Ni siquiera tiene el currículum del president Antich en castellano. Los comunicados de prensa, que son el grueso del contenido de las páginas de cada Conselleria y reflejan el día a día de todo el trabajo de gobierno, están sólo en catalán.

Si, por ejemplo, un ciudadano quiere información sobre la TDT o pincha sobre la información para los usuarios del tren, se encontrará sólo una versión en catalán. Si se interesa por «Ayudas, becas y subvenciones» de, por ejemplo, Agricultura o Deportes, se encontrará las resoluciones, bases y documentación sólo en lengua catalana.

Via: elmundo.es

En la página web del ayuntamiento de Muro, sólo la parte estática está en castellano. Le pido de nuevo al Sr. alcalde de Muro, Martín Fornés, que ponga todo el contenido de la web del ayuntamiento también en castellano. Está incumpliendo la ley.

Le he pedido también (lo he hecho a través de una instancia oficial) que ponga instancias y todos los formularios también en castellano, ya que en al actualidad sólo existen en catalán. Sigue incumpliendo la ley.

Le he pedido al Sr. alcalde de Muro que ponga todos los rótulos de tráfico en castellano por que está incumpliendo la ley.

Le he pedido la Sr. alcalde que publique las actas de la sesiones de gobierno. Está incumpliendo la ley.

Le agradezco que haya publicado las actas de los plenarios. Sólo le pido que publique las actas de los plenarios también castellano. Está incumpliendo la ley.

Le pido al Sr. alcalde que publique en la web del ayuntamiento todos los acuerdos de la agenda local 21 y el Prediagnóstico y Diagnóstico completos y su aplicaión actual. Han sido borrados. No se aplica.

Le pido al Sr. alcalde que publique en la web del ayuntamiento los presupuestos pormenorizados del ayuntamiento, no sólo los del 2010 sino también los de los diez últimos años anteriores. Creo que los ciudadanos de Muro, tenemos derecho a que se nos informe de en qué se gastan nuestros impuestos y poder comparar de un año a otro.

Quiero pedirle también al Sr. alcalde que nos diga hasta cuando nos obliga el contrato con Sorea.

IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA. EL CASO DE BALEARES.

1.Conversación a la salida del colegio.
(Salida de un colegio de primaria. Madre e hijo, de 8 años, caminan hacia su casa. La madre pregunta a su hijo cómo van las cosas en clase, con sus compañeros, con la profesora. Bien, todo bien. Trabaja mucho, estudia mucho. Se comparten las cosas; hay algunos compañeros que se pelean, pero él y la mayoría no, son buenos; han aprendido que no hay ensuciar el planeta; han aprendido que hay mucha hambre en países pobres porque los países ricos no ayudan; han aprendido que no hay comercio justo y que hay que hacer comercio justo; ah, y ¡que hay que respetar los pactos!)
MADRE.- Claro que sí, hijo, hay que respetar los pactos. Eso me gusta, que os enseñen formalidad.
HIJO DE 8 AÑOS.- Pues Pepito ha roto el pacto.
MADRE.- Muy mal hecho. Los pactos no se rompen.
HIJO DE 8 AÑOS.- Y la maestra se ha enfadado y le ha reñido por romper el pacto.
MADRE.-Muy bien hecho.
HIJO DE 8 AÑOS.- Y nos lo ha dicho a todos los de la clase, que Pepito ha roto el pacto y que los pactos no se rompen, que hay que cumplir el pacto. Que hay que ser bueno, muy bueno, una persona íntegra. Como Dios manda. Y Pepito se ha puesto a llorar. Es que Pepito ha sido malo, ha roto el pacto.
MADRE.- ¿Era un pacto muy importante?
HIJO DE 8 AÑOS.- Un pacto, no, ¡el pacto! Importantísimo.
MADRE.- ¿Importantísimo? ¿Y con quién, con un compañero?
HIJO DE 8 AÑOS.- No, el pacto lo era con toda la clase y con la maestra.
MADRE.- Entonces sí que es importante. ¿Y qué pacto es ese?
HIJO DE 8 AÑOS.- El pacto es que, además de en clase, tenemos que hablar solamente en catalán entre nosotros, en los pasillos, en el patio.
MADRE.- ¿Ése es el pacto?
HIJO DE 8 AÑOS.- Sí. La maestra nos dijo un día, a principios de curso, vamos a hacer un pacto. Yo no sabía qué era un pacto, pero dije que sí. Y los demás. Y la maestra dijo, pues bien, a cumplir el pacto. Y al que no cumpla el pacto me lo decís, fulanito no ha cumplido el acto. Y entre todos se lo recordamos, que no hay que romper el pacto, que hay que ser bueno.
MADRE.- ¿Y tú has roto el pacto alguna vez?
HIJO DE 8 AÑOS.- Yo no, nunca.
MADRE.- ¿Y conmigo no estás rompiendo el pacto?
HIJO DE 8 AÑOS.- No, todavía no. El pacto este año sólo es para dentro del colegio. La maestra nos ha dicho que más adelante llevaremos el pacto fuera del colegio.

Quienes duden de la veracidad del diálogo anterior, o consideren que se trata de una mera anécdota, deben saber que lo relatado es tan sólo la parte «amable» de esta historia, ya que, además, en el centro de primaria implicado, los maestros conminan a los niños a no usar el castellano para comunicarse entre sí durante los recreos. Lo hacen en aplicación del PLC (Proyecto Lingüístico del Centro) que tienen todos los centros educativos públicos.
La realidad de cómo están las cosas en Baleares y hacia dónde van, se refrenda con el conocido caso de Olav Boned, un niño disléxico ibicenco, que solicitó escribir los exámenes en castellano, por ser la lengua en la que mejor se expresa. La respuesta de la Consejería de Educación, que llegó con siete meses de retraso, fue negativa. ¿Cómo explicarse que se haya llegado a esta situación? ¿Por qué se impone de forma excluyente una de las lenguas oficiales ignorando cualquier otra consideración, como si la lengua no fuera un medio sino un fin en sí mismo?


2. Lengua propia y normalización lingüística.

La respuesta, breve y concisamente, es que el Estado ha abandonado la política lingüística en Baleares. Este abandono no tendría por qué tener consecuencias negativas, si no fuera porque el gobierno autónomo le ha sustituido en tan fastidiosa tarea. Y lo ha hecho, asumiendo todas y cada una de las premisas del nacionalismo. El objetivo real, a veces velado pero proclamado explícitamente cuando conviene, es expulsar progresiva y coactivamente de la realidad balear la lengua oficial en todo el territorio nacional. La forma de lograrlo es limitar la libertad de usarla en los ámbitos que controla la administración.

Lamentablemente, la política lingüística aplicada en las islas no se debe a que minorías radicales y muy indoctrinadas hayan demostrado lo acertada que es su ideología, sino a la tremenda debilidad intelectual de los políticos de los partidos supuestamente constitucionalistas. A día de hoy, la evolución legislativa demuestra que PSOE y PP son los principales partidos nacionalistas de Baleares. En ambos casos, han llevado a cabo políticas lingüísticas contrarias a la libertad de elección y a un sano bilingüismo. Hacer esta afirmación en Baleares no tiene interés alguno, pues no dice nada que no sea de dominio público. Hacerla en cualquier otra parte de España, sí lo tiene, pues ambos partidos disimulan las políticas realizadas proclamando de palabra lo contrario de lo que hacen de facto. Además de carecer de recursos intelectuales para desactivar los argumentos del nacionalismo, han sido fagocitados por el mismo. Y silencian las pocas voces discrepantes que tengan entre sus filas, pues no conviene chocar en relación a este tema con las minorías nacionalistas con las que unos y otros consolidan pactos para gobernar.

En el origen del problema, hay que retroceder al momento en que más allá del reconocimiento de dos lenguas oficiales, se introduce en Baleares el concepto de lengua propia. El artículo 3 del Estatuto de Autonomía dice así: «la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana el carácter de lengua oficial». El vínculo romántico y esencialista que se establece entre sólo una de las lenguas oficiales y el territorio, deja definida por defecto a la otra como impropia, pese a ser oficial. Lo peor no es que sea falaz establecer un vínculo entre lengua y territorio, pues sólo las personas tienen lengua propia (los territorios no hablan), sino que se abre la puerta a las lecturas radicales de dicho artículo: aquéllas que desconfían de la convivencia de dos lenguas y actúan contra la misma. A raíz de esto, se inicia una espiral identitaria que jamás pierde ocasión de manifestar su insatisfacción, pues el mero hecho de que se use cotidianamente la lengua no considerada como propia, se interpreta como una anomalía que corregir. La consecuencia es un intervencionismo desatado que pervierte aspectos básicos relativos al derecho. No son las lenguas las que tienen el derecho a cosechar hablantes, sino las personas quienes tienen el derecho a hacer uso de las mismas.
Si el primer miembro de la ecuación nacionalista es el concepto de lengua propia, el segundo es el de normalización lingüística. Hay que aclarar que la sociedad balear siempre ha vivido de forma natural el bilingüismo, hasta el punto de que una lengua ha sido usada habitualmente para ámbitos familiares y locales, y la otra para ampliar el radio de acción comunicativa con el resto del mundo y con personas que no pertenecieran a dicho radio local. La diglosia, dos lenguas en un territorio, ambas implantadas y arraigadas, con una de ellas que sirve más allá de las fronteras de la comunidad, no ha producido problemas de convivencia alguno, siendo la sociedad balear permeable a quienes dominan ambas o una sola. Muchos habitantes de Baleares hacen uso indiferentemente de las dos, y escogen en cada momento cuál hablar según el interlocutor, aunque no se trate de la materna, es decir, la hablada desde la infancia en el seno de la familia. Sólo la progresiva politización de la lengua ha introducido un aparente enfrentamiento entre lenguas, como si entraran en competencia. Eso ha producido la voluntad de ajustar la realidad a una nueva escala sobre lo que es normal o no. En la actualidad, las instituciones están envueltas en una especie de franquismo invertido, que convierte en un problema lo que nunca lo fue. De forma que la ley de normalización lingüística se propone trasformar una realidad que no tiene nada de anormal. La diferencia es muy clara: no es lo mismo reconocer los usos lingüísticos que someterlos a una tutela dogmática pertrechada de argumentos sobre la pervivencia de las lenguas, para justificar una nueva forma de coacción.

Los conceptos de lengua propia y normalización lingüística han teñido desde 1983 la subsiguiente evolución legislativa balear. A continuación citaré sólo algunos ejemplos significativos de dicha evolución en el ámbito educativo.


3. La educación secuestrada.

En 1997, un gobierno del PP sacó adelante el conocido como Decreto de Mínimos, que por sí mismo es un hito por establecer una vuelta de tuerca determinante en el mundo educativo: «el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza». Obsérvese el singular (sólo una de las lenguas oficiales es vehicular en la enseñanza), que en efecto, ha conducido a la situación actual en la que el 95% de los centros de primaria imparten las clases exclusivamente en catalán. Dicho decreto establecía los porcentajes mínimos de horas lectivas que debían ser impartidas en catalán, pero no establecía máximos. Es pertinente recordar que el concepto de «lengua vehicular», desplaza las antiguas reivindicaciones en nombre de la «lengua materna». En defensa de ésta, se mantenía que no era justo que los niños recibieran las clases en una lengua diferente a la usada en el hogar. Este argumento se refería a los niños catalanohablantes. Hoy en día la situación es inversa, y se aplica una política de inmersión lingüística en catalán. Pero nuestros nacionalistas han olvidado la importancia que daban a la lengua materna y han sustituido la misma por el concepto de lengua vehicular. Por lo visto, la importancia de recibir la educación en la lengua materna es incuestionable, excepto para los niños castellanohablantes de las comunidades bilingües.

Pero eso no es todo. Sería un gobierno del PSOE y sus aliados nacionalistas, quienes darían un paso más al someter la educación a finalidades identitarias. El Decreto de noviembre de 2000, que regula cómo evaluar la educación primaria en catalán, asume los siguientes objetivos:
- «Valorar la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos a la propia identidad».
- «Conocer y valorar las características específicas del territorio y de la identidad lingüística, cultural e histórica de las Islas Baleares».

Destaco la relevancia que se da al concepto de identidad. Sea lo que ésta sea, considero que se trata de un magma fluctuante, variado y plural, difícilmente determinable, no sólo al referirse a la individual sino tanto más cuando se trata de la identidad de los pueblos, los territorios y las culturas. El sesgo del concepto de identidad que se baraja, excluye multitud de influencias presentes en una sociedad moderna y abierta como es la balear y acota con sensibilidad selectiva qué se considera específico y esencial de Baleares. El resto de rasgos, por extendidos que estén en la sociedad, son negativamente marcados como influencias externas. La traducción efectiva de los objetivos citados es someter la educación a fines colectivistas y localistas, pues se fomenta desde la infancia el sentimiento de pertenencia al grupo. La identidad deviene así la coartada para sembrar una escala de valores en la que lo cercano, lo nuestro, lo propio es especialmente valioso.

Todo ello sería imposible sin la habilidad con la que se envuelve en valores políticamente correctos la entrega de la educación al fomento de la identidad. El proyecto de ingeniería social que subyace, es defendido en nombre de la modernidad, la democracia y la ciencia.

Dado que la lengua es el principal contenido de la identidad, uno de los mitos del nacionalismo es el recuerdo nostálgico de épocas remotas descritas como épocas doradas, puras en los aspectos en torno a los que gira la identidad. En realidad, es dudoso que dichas épocas no sean producto de la imaginación. Pero sirven para justificar un ingente esfuerzo en recursos económicos y coactivos para recuperar una continuidad con el pasado que ha sido rota por el presente. La pérdida de un pasado puro e incontaminado, especialmente en lo que a la lengua se refiere, se debe, cómo no, a una supuesta uniformidad lingüística desplazada por el bilingüismo, y que se debe recuperar mediante el control ideológico de la educación. He ahí la paradoja: se presenta como ejemplo de modernidad la vuelta al pasado. Un pasado, por cierto, incompatible con los rasgos básicos de las sociedades abiertas en las que la diversidad prima en todos los aspectos, también en el lingüístico. De esta forma, a pesar de que las leyes educativas rezan ajustarse a las necesidades individuales de los niños, incluso el Plan de Atención a la Diversidad en Baleares, otro ejemplo significativo, se plantea exclusivamente en catalán. Extraña atención a la diversidad es ésta. No reconocer que determinados grupos de estudiantes con dificultades de aprendizaje pueden tener un obstáculo añadido por esta razón, no parece propio de la modernidad, como tampoco lo es restringir el derecho a la elección de lengua vehicular de la enseñanza.

Tampoco se mejora la democracia. La aplicación de políticas derivadas del nacionalismo implican un grado de coacción necesario que empeora la democracia. En este sentido, es de destacar la permanente petición de respeto a la diversidad más allá de las fronteras de la comunidad, al mismo tiempo que se impone la uniformidad de puertas adentro. Y al ser la lengua el eje en torno al que gira el concepto romántico de pueblo, se procede a legislar en perjuicio de la parte de la población que no tiene el rasgo definitorio elegido. El conocido problema de la frontera interior tiene aquí una nueva versión por motivos lingüísticos, pues sólo se reconoce el derecho a ser educado en una de las dos lenguas oficiales.

A la visión en términos de lucha entre lenguas y pueblos como protagonistas de la historia, se opone una visión mucho más científica que explica por qué se extiende el uso de una lengua: la externalidad de uso. No existe una campaña orquestada intencionadamente por ejemplo, a favor de la expansión del inglés en el mundo. Son individuos particulares quienes hacen motu proprio al día millones de actos particulares de comunicación en la lengua que más posibilidades de compartir información les ofrece, lo que explica que crezca el número de hablantes de una lengua. Sin embargo, esta forma neutral de analizar la cuestión es incompatible con los intereses políticos y sentimentales del nacionalismo.


4.Propuestas de UpyD en Baleares.

Un sistema educativo público debe ajustar su oferta a las demandas de la sociedad. Lo contrario produce a sectores determinados de la población infantil dificultades añadidas (inmigrantes sudamericanos o recién llegados de otras partes de España, niños con necesidades especiales,...). Los centros educativos no deben ser guetos monolingües en un contexto bilingüe.

Las encuestas demuestran que el 72% de los niños en Palma, Calvià, Ibiza y otras zonas costeras afirman que su lengua materna es el castellano. En el interior de Mallorca y en Menorca, las cifras se invierten, pues un 75% de los niños afirma que su lengua es la forma dialectal del catalán de cada isla. ¿Por qué no plantear la libre elección de lengua vehicular, de forma que la red pública de centros se ajuste a dichos porcentajes? Esta posibilidad en ningún caso impediría que la lengua no elegida como vehicular fuese aprendida, pues ambas son parte del currículum. De hecho se aprenden cotidianamente gracias a su uso socialmente extendido. A estos datos, hay que añadir que hasta el 84% de la población acepta la libertad de elección de la lengua vehicular en la enseñanza.

Invertir la inercia en defensa de la libertad de elección de lengua supone dos cambios profundos: recuperar la cooficialidad real de las dos lenguas de las islas y devolver a la educación la prioridad que nunca debió perder en beneficio de planes de ingeniería social y lingüística. De ahí que UPyD proponga suprimir el carácter de «lengua propia» del Estatuto de Autonomía, lo cual tiene características de pecado mortal en el contexto actual, pues pone en pie de igualdad a las dos lenguas oficiales. Pero para eso hay que romper el rentable lazo que une las instituciones políticas autonómicas y la diferencia cultural, que se valen de las lenguas con fines políticos, y como pretexto con la que justificar una nueva forma de desigualdad.

Autor: Arturo Muñoz

La imposición lingüística, ahora en los cines

Acabo de leer un debate en Internet a propósito de la medida mediante la cual el gobierno catalán pretende imponer que al menos un cincuenta por ciento de la programación de los cines se ofrezca en la lengua vernácula de aquella comunidad autónoma, lo que ha ocasionado un grave malestar en el colectivo de empresarios afectados. Como siempre, unos hablan de libertad de elección y de comercio, y otros de proteger un idioma que por sí solo -aseguran, ignorando cuarenta años de franquismo- no podría sobrevivir. Alguien, a propósito de las pintadas aparecidas en las fachadas de los cines más reacios a perder dinero ("Aquest cinema margina el català!&quot, las compara con los rótulos nazis de los años treinta a la puerta de establecimientos regentados por hebreos ("¡Resistid, alemanes! ¡No compréis en comercios judíos!&quot. Y algún comentarista critica la comparación por desmesurada. Es verdad que es contundente, pero también oportuna: las coincidencias nos resultarían bastante más evidentes si no fuera por el hecho de que sólo conocemos, horrorizados, las consecuencias históricas de una de las dos situaciones comparadas.

No es lo mismo decir "Fulano es nazi" que "los nazis empezaron haciendo cosas como las que hace Fulano". Tampoco es igual afirmar "este nacionalista es un nazi" (lo cual puede ser descriptivo) que "todos los nacionalistas son nazis" (lo cual es injusto). Sin embargo, lo importante aquí es que la pintada a la puerta del cine no aporta nada al debate democrático, ni a ningún debate; sólo puede tener el fin de amedrentar, coaccionar, señalar al que debe ser excluido de la comunidad, al que merece reprobación pública o tal vez castigo. En un estado de derecho esto corresponde a los jueces; pero al autor de la pintada el estado de derecho le da igual, porque él lo único a que alcanza a aspirar es una patria forjada en torno a un rasgo distintivo y excluyente: la lengua que él y los suyos han decidido que es la propia del territorio en el que conviven con otros que ni hablan ni opinan como él. El que pintó la fachada es, efectivamente, un fascista. Y las autoridades catalanas que no impiden ni condenan, sino que por el contrario alientan este tipo de comportamientos, son compañeros de viaje del fascista y responsables políticos de cualquier agresión que se derive de este estado de cosas. No todos los nacionalistas son fascistas, pero a mí sí me parece que todo nacionalismo implica un germen fundamentalista y totalitario sin el que no puede adquirir su sentido ni sostenerse, y que en demasiadas ocasiones deriva en imposición o violencia en alguna de sus diversas manifestaciones e intensidades. La imposición a los cines de la obligación de ofrecer al cliente contenidos en un idioma en concreto -como la previa de rotular en el mismo- pertenece a esa concepción totalitaria de cómo deben ser las cosas: "la realidad se equivoca, así que cambiémosla".

Imaginemos un país en el que la diversidad social no estribe en la lengua, sino en la religión, tal y como de hecho sucede en numerosos lugares como Bosnia-Herzegovina o Alemania. Un verdadero demócrata establecería en ese país la laicidad del Estado y la libertad de culto que permitiese que cada ciudadano (o cada comerciante, o cada consumidor) escogiese la religión en que manifestarse o relacionarse en su vida privada. En cambio, un nacionalista religioso legislaría que toda biblioteca contuviese al menos un cincuenta por ciento de libros luteranos; o que las televisiones privadas saludasen a sus espectadores al menos la mitad de las mañanas con una oración musulmana; o que en las empresas de más de diez empleados al menos la mitad de éstos fuesen católicos. Es decir: asociaría esa noción confusa -cuando no falsa- que se suele llamar identidad colectiva o nacional con uno de los rasgos sociales o culturales presentes -la religión o, mejor dicho, una de las religiones- y consideraría la preservación, la promoción y luego la imposición de ese rasgo aislado más importantes que la libertad individual de comprar, estudiar o trabajar sin más condiciones que la misma libertad y la eficacia (comunicativa, educativa, comercial, etc.). El nacionalista religioso legislaría ad hoc, dedicaría a ello cuantiosos recursos públicos y crearía además un funcionariado afín y una red clientelar lo más amplia posible, dependiente directamente de la prosperidad de los negocios vinculados con la religión, todo ello acompañado de una "política religiosa" que se acabaría imponiendo en administraciones, escuelas, medios de comunicación y todo tipo de servicios so pretexto de proteger la identidad colectiva, invadiendo sucesivamente el ámbito de lo público y el de lo privado... La religión es o puede ser un importante elemento de la personalidad individual libre, un rasgo cultural transmitido de padres a hijos que pertenece por tanto al ámbito privado y a cuyo respecto, según nos parece a muchos occidentales desde 1789, las competencias del Estado deberían limitarse a garantizar la libertad de ejercicio. La diferencia entre entender o no entender esta premisa es la que desgraciadamente ha habido entre Alemania y Bosnia. O entre la Alemania de 2010 y la de 1935. O, en fase germinal, entre respetar la libertad del prójimo y pintarle la fachada del cine con coacciones veladas.

Pues bien: el intervencionismo estatal que nos parece inimaginable y jamás toleraríamos en favor de una religión lo hemos aceptado sumisamente durante las últimas décadas en buena parte de España cuando se ha tratado de ese invento sociolingüístico de las "lenguas propias", para asombro de otros países europeos, escarnio nuestro, deterioro de nuestra libertad y quebranto de la economía, hasta el punto de amenazar hoy nuestra convivencia y propiciar manifestaciones públicas de protesta con frecuencia creciente... Sospecho, no obstante, que esto último es un signo del cambio. En nuestro país existe hoy una opción política nueva, radicalmente comprometida con las libertades y, por tanto, muy crítica con el nacionalismo, sea lingüístico o de cualquier otro tipo; y existen también ciudadanos que desean ventilar la democracia paupérrima que sufrimos: un régimen estancado en el clientelismo, el adocenamiento y el prejuicio. Sacudirnos la injusta y aburridísima tiranía de las lenguas es sólo una de las tareas pendientes, pero seguramente no la menos importante, en el camino hacia la regeneración democrática..


Autor: Juan Luis Calbarro

UPyD propone una reducción drástica de las empresas públicas

Esta reducción debe ser acompañada de medidas claras de transparencia en las administraciones públicas, como prohibir contratar estudios externos que puedan realizar funcionarios, priorizar la subasta sobre los concursos, limitar en éstos la subjetividad y los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones y primar la oferta económica.

Lo ocurrido con INESTUR, en manos nada menos que del “sector crítico” de UM, es la manifestación más palpable del manirrotismo a las que se siguen acogiendo las empresas públicas de la Administración Autonómica cuya deuda, en el tercer trimestre de 2009, alcanzaba la friolera de 652 millones de euros. INESTUR resume a la perfección los vicios inherentes a este tipo de empresas públicas que, bajo la coartada de la agilidad que supone operar sin la excesiva carga burocrática de la Administración Pública, se han convertido en auténticas cuevas de Ali Babá.

Y no sólo por la malversación de fondos públicos que nos evoca los casos de BITEL, CDEIB, Turismo Joven, Fundación Illesport o la Funeraria Municipal de Palma, sino porque “son agencias de colocación diseñadas para las clientelas de los partidos tradicionales. Si INESTUR cuenta con 52 empleados que trabajan en una serie de competencias vaporosas y poco definidas, ¿a cuánto asciende el número de afiliados de los partidos tradicionales que trabajan en las casi 170 empresas públicas que viven a cargo de los presupuestos de la CAIB?”, DICE Arturo Muñoz, portavoz de UPyD. Este simple hecho ya es un escándalo por sí mismo, un escándalo ante el cual el Pacte, lejos de atajar la herencia envenenada que le dejó Jaume Matas, ha respondido limitándose a colonizarlas. La cuestión de fondo es para qué sirven muchas de nuestras empresas públicas y cuál es el rendimiento de sus trabajadores cuyo único mérito a menudo sólo reside en tener el carné de partido.

“La asignatura pendiente” en el que se ha convertido, según Antich, el control de las empresas públicas pone de relieve un segundo aspecto no menos grave: el amaño de concursos con el fin de adjudicar los contratos a empresas afines a la clase política. UPyD propone cambiar la ley de contratos (o en su defecto, gobernar o condicionar la acción de gobierno en este sentido) para que se primen las subastas sobre los concursos, dejando a estos últimos para casos excepcionales. Así como, en este último caso, limitar la subjetividad al máximo así como los criterios de baremación no cuantificables de los pliegos de condiciones, primando la oferta económica sobre otros aspectos. Ello no sólo ayudaría a adjudicar a precios más competitivos para el contribuyente sino que además se evitarían los amaños.

Los ciudadanos tal vez no sepan hasta qué punto nos salen caros los contratos de la Administración. Pagar, como se ha desvelado, 360.000€ (60 millones de pesetas) para un estudio comparativo entre nuestros competidores sobre el turismo congresual, ecológico y acuático ya es de por sí escandaloso, al margen de que después UM lo amañe para beneficiar a sus empresarios afines, como de costumbre.

Otro último aspecto a considerar es la afición a los estudios (externos, naturalmente) de cuyo entusiasmo participan los partidos tradicionales. Cualquiera diría que los estudios se han convertido en la principal industria de esta comunidad. Resulta paradójico la proliferación de los estudios externos de contenido muy discutible en unas administraciones públicas con mayor (y en expansión) masa funcionarial. ¿Acaso la Administración no tiene funcionarios aptos para elaborarlos?

Solo UPyD pide la dimisión de la presidenta Munar

Maria Antònia Munar es "inamovible" en su cargo de presidenta del Parlament. Este es el mensaje enviado el martes por la Cámara mediante un comunicado emitido por su servicio de comunicación. Tal y como ya ha informado este diario, la histórica líder de UM, doblemente imputada en sendas causas judiciales por presunta corrupción –Operación Maquillaje y caso Can Domenge–, goza de un blindaje al frente del Parlament porque no existe ninguna fórmula parlamentaria para su cese, aún en el caso de que todos los partidos se pusieran de acuerdo, salvo que el presidente del Govern, Francesc Antich, decida disolver la Cámara para convocar elecciones anticipadas o que ella misma dimita.

Y ninguna de estas dos posibilidades está sobre la mesa. Antich insiste en descartar un adelanto electoral y Munar tampoco piensa dimitir. De hecho, el comunicado distribuido por el Parlament insiste en que su reglamento "no contempla ningún procedimiento para el cese de los miembros de la Mesa del Parlament ni de la presidenta" y ni siquiera alude a la posibilidad de dimitir que sí contempla el reglamento para ella como para cualquier otro diputado.

Mientras Munar guarda silencio sobre la debacle de UM y la presunta corrupción por la que es investigada, el Parlament que preside recordaba ayer en el comunicado que ni el Congreso de los Diputados ni la mayoría de parlamentos autonómicos prevén procedimientos para forzar el cese de su presidente y que "únicamente el Parlamento de Navarra lo contempla". En todo caso, añade, "no es una técnica habitual en derecho parlamentario, que suele considerar a los miembros de las mesas parlamentarias como inamovibles". "Así se garantiza que los órganos de gobierno de la Cámara no dependan de otros poderes ajenos al Parlament, cosa que iría en detrimento de su necesaria autonomía, y se ejerce la separación de poderes públicos: legislativo y ejecutivo".

Todo eso no quita sin embargo que cualquier partido puede solicitar la dimisión de Munar, no a través de iniciativas parlamentarias pero sí mediante acciones de presión política. Como ocurrió por ejemplo en el caso del ex diputado de UM Bartomeu Vicens, al que nadie podía destituir por ser un cargo electo pero sí pedirle públicamente la dimisión.

Así lo hizo el PSOE por primera vez cuando Vicens quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros por el caso Son Oms en noviembre de 2008, aunque el diputado se atrincheró en su escaño y Antich aguantó en él su mayoría durante más de un año para sacar adelante los Presupuestos de 2009 y 2010 y otras iniciativas. El pasado diciembre, justo el día después de aprobar las cuentas, Vicens fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y entonces el PSOE elevó el tono para exigirle la dimisión hasta que Vicens cedió y renunció al acta de diputado.

En el caso de Munar, sin embargo, ningún partido representado en el Parlament le pide que se vaya. Ni el PSOE ni el Bloc, que se ciñen al código ético firmado hace dos meses alegando que sólo se lo reclamarían si los jueces le imponen medidas cautelares –el mismo que incumple UM con Miquel Nadal aún en Cort–, ni tampoco el PP. Solamente UPyD está pidiendo la dimisión de Munar.


Autor: Daniel Alvarez

Plenario del mes de Enero de 2010


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